La clausura de las oficinas del “Socorro Jurídico” de El Salvador se llena de misterio. El organismo de defensa de los derechos humanos que ideó monseñor Óscar Arnulfo Romero hace 36 años «ya no tiene razón de ser», había argumentado hace una semana el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas en un breve mensaje, mientras los 12 empleados fueron convocados para comenzar los trámites administrativos necesarios y para recibir la liquidación. Las críticas, las alarmas por el importante archivo que resguarda más de 50 mil denuncias, en papel y en audio y vídeo, llegaron a raudales tanto en El Salvador como de diferentes Ong latinoamericanas, estadounidenses y europeas que operan en el frente de los derechos humanos. El extinto organismo se estaba preparando para ofrecer una mejor asistencia a alrededor de mil víctimas de la masacre de El Mozote, una de las masacres militares más imponentes en toda América Latina; estaban tratando de obtener indemnizaciones económicas después de que el Estado salvadoreño hubiera sido condenado por violar los derechos humanos en la Corte interamericana.
Dos días después de la clausura del ente, la curia salvadoreña actualizó su versión de los hechos e insistió en la necesidad de adecuar de la mejor manera posible sus estructuras, para desempeñar mejor la tutela de los derechos de las víctimas del presente.
Clausura, pues, pero para mejorar una acción que se reconoce como válida, además de ofrecer la garantía de que el archivo que contiene la documentación de crímenes que no prescriben será mantenido. Ahora más que nunca este archivo es importantísimo, puesto que la Suprema Corte de El Salvador ha puesto en duda la ley de amnistía de 1993 y el Ministerio Público parece determinado a retomar las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil con el objetivo de emprender acciones penales en contra de los responsables.
Pero después llegó una sorpresa, una nueva versión acreditada por el arzobispo de San Salvador con las motivaciones de la clausura del ente; ahora se habla de «irregularidades administrativas», es decir una gestión poco transparente. Según precisó el arzobispo, además “Socorro Jurídico” (nombre original de la asociación ahora llamada “Defensa Legal”) perdió su natural orientación debido a la intervención de algunas personas que han trabajado en el ente en los últimos años, por lo que habría evidentes irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en prejuicio de los intereses de las víctimas y haciendo prevalecer intereses de parte. Esta última versión informa también que habrá una investigación, ya puesta en marcha, que habría «comprobado las irregularidades».
Acusaciones graves, pronunciadas a cuatro días de la clausura de “Tutela Legal”, y ahora tendrán que ser demostradas o, por lo menos, documentadas y publicadas.
Monseñor Ricardo Urioste, vicario general de monseñor Romero y uno de sus colaboradores más cercanos, declaró a Terre d’America que ignoraba cuáles son las «irregularidades» de las que se habla. Urioste, que preside la Fundación Monseñor Romero no considera ni siquiera necesaria «la clausura de “Tutela Legal” por los objetivos que se pretenden alcanzar. Si las nuevas circunstancias son diferentes de las anteriores», aclara, «se puede adecuar “Tutela Legal” a la nueva situacion». En cuanto a las posibles consecuencias negativas sobre la causa de beatificación de Óscar Arnulfo Romero, que con Papa Francisco ha tenido un nuevo impulso, Urioste no considera «que la situación que se ha creado dañe el proceso».
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