La decisión es de las que dejan huella, y tendrá claramente consecuencias. Por voluntad del arzobispo de San Salvador, mons. José Luis Escobar Alas, el lunes las puertas de las oficinas legales de “Defensa Legal” permanecieron cerradas, cambiaron las cerraduras y el sistema de vigilancia del edificio en el que está la célebre institución de defensa de derechos humanos, creada gracias a la iniciativa de monseñor Romero, y fue puesto bajo la gestión de un grupo de “vigilantes” privados que ninguno de los empleados ha visto.
Las razones de la decisión aparecen en un breve comunicado, que lleva la firma del mismo arzobispo, y que fue leído ante el personal convocado urgentemente. “Defensa Lagal ya no tiene razón de ser”, dice el texto difundido entre los empleados por tres representantes de la Curia metropolitana. “Desde el momento de su nombramiento (27 de diciembre de 2008, ndr.), explicó el vicecanciller de la Conferencia Episcopal, Rafael Urrutia, el arzobispo examinó a fondo el funcionamiento del arzobispado y llegó a la conclusión de “que no tiene razón de existir la oficina Tutela legal porque la visión de la protección de los derechos humanos en tiempo de guerra es diferente de la que puede haber hoy en día”. Urrutia también admitió que la decisión es exclusiva de monseñor Escobar Alas.
A los 12 empleados, algunos en funciones desde su fundación, no les quedó nada más que tomar nota de la decisión del cese de la relación de trabajo, cobrar el salario y la indemnización relativa, recoger las pertenencias y compartir la amargura con sus familaires y sus amigos, algunos incluso con la prensa de El Salvador, que retomó la noticia de la clausura de la célebre institución.
El ente “Tutela Legal” fue creado por monseñor Romero hace 36 años con el nombre de “Socorro Jurídico” como parte del arzobispado de San Salvador; en 1982 fue transformado en “Tutela Legal”. Nació justamente tras la masacre del 28 de febrero de 1977 (seis días después del nombramiento de Óscar Arnulfo Romero como arzobispo de San Salvador) y del asesinato del padre Rutilio Grande en marzo de 1978. Estos dos eventos convencieron a Romero de la necesidad de crear un organismo que ofreciera ayuda jurídica a la población más expuesta y reprimida. Así decidió abrir las oficinas del “Socorro Jurídico” en el segundo piso del Seminario diocesano, cerca de la Iglesia de San José de la Montaña, mudando también la procuraduría de derechos humanos que dos años antes habían creado los jesuitas de la capital salvadoreña. Desde entonces comenzaron a llover denuncias de muchísimas víctimas de la guerra civil, sobre todo de los escuadrones de la muerte, que habrían seguido operando incluso tras la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992.
La denuncia más clamorosa fue la de los hechos de diciembre de 1980, cuando el ejército masacró a la población de una localidad (La Guacamaya) en el distrito de Morazán; un año despuéa habría sucedido lo mismo en El Mozote y otras localidades de la zona, la peor matanza de civiles de toda América Latina durante el siglo XX. Después de estas masacres, el sucesor de Romero en San Salvador, el salesiano Arturo Rivera Damas, decidió reforzar el organismo de defensa legal y lo puso bajo la dirección de María Julia Hernández, filósofa y estudiante de derecho, además de gran amiga de Romero.
El archivo histórico que Tutela Legal guarda son más de 50.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, desaparecidos, asesinatos, que sirvieron de “base” para el Informe de la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos durante la guerra e identificó a violadores de derechos humanos.
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